Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Sujeto Obligado cegaip slp Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Periodo 02 Febrero 2018 Obligación Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención, hasta su total cumplimiento. Obligación específica. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio. A ) Artículo 84 B ) Fracción XLIII C ) Inciso Hipervínculo Para Consultar el documento Acceso directo: RR. 021-2018-3 Ayuntamiento de Mexquitic.docx Hipervinculo http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2018N.nsf/nombre_de_la_vista/B6DC1A0C8E8FC4208625824A00577BA8/$File/RR.+021-2018-3+Ayuntamiento+de+Mexquitic.docx Visor de Datos abiertos Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 RECURSO DE REVISIÓN: RR-021/2018-3 ENTE OBLIGADO: AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC DE CARMONA COMISIONADO PONENTE: CLAUDIA ELIZABETH ÁVALOS CEDILLO San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. VISTOS para resolver los autos que conforman el expediente 021/2018-3 del índice de esta comisión, relativo al recurso de revisión, interpuesto contra el AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC, y A N T E C E D E N T E S: PRIMERO. Solicitud de Información. El seis de diciembre de dos mil diecisiete, se presentó, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, una solicitud de información al AYUNTAMIENTO DE MEXQUITIC, misma que se registró bajo el folio 00837617, y consistió la petición del solicitante en lo siguiente: “Ingresos a las arcas municipales por conceptos de licencias de construcción, lotificación, pago del impuesto predial del fraccionamiento fuente ventura de la comunidad Guadalupe Victoria y su anexo La Cruz en Mezquitic de Carmona S.L.P.””. SEGUNDO. Interposición del recurso de revisión. El nueve de enero de dos mil dieciocho, el recurrente interpuso el presente medio de impugnación, por el cual impugnó la falta de respuesta dentro del plazo que reconoce el artículo 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. TERCERO. Turno. De conformidad con el artículo 174, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, el recurso de revisión RR-021/2018-3 fue turnado a la Comisionada Ponente para que sustanciara el periodo de instrucción, y en su momento presentara al Pleno el proyecto de resolución correspondiente. CUARTO. Admisión. El diecisiete de enero de dos mil dieciocho, esta Comisión, con base en el artículo 174, fracción II, de la Ley de Transparencia del Estado, admitió el presente medio de impugnación, a fin de integrar el expediente respectivo y ponerlo a disposición de las partes para que en el plazo que reconoce la ley manifestaran y ofrecieran las pruebas que a su derecho correspondía. QUINTO. Manifestaciones de las partes. El ocho de febrero de dos mil dieciocho, se emitió un acuerdo por el cual se tuvo por recibido el escrito signado por el Director de la Unidad de Transparencia, mismas que se recibieron en tiempo acorde a la certificación que obra a foja 21 del presente sumario. Por lo que toca al inconforme, éste no hizo uso de su derecho contenido en el artículo 174, fracción III, de la Ley de Transparencia del Estado. SEXTO. Cierre de Instrucción. El ocho de febrero de dos mil dieciocho, se decretó el Cierre de Instrucción del expediente formado con motivo del presente recurso de revisión, a fin de que la ponente presentara el proyecto de resolución correspondiente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. El Pleno de esta Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública es competente para resolver el presente recurso de revisión de conformidad con los artículos 6°, apartado A., fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, fracción III, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 37, 42, fracciones I y II; 142 y 151 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 27, 34, fracciones I y II; 166 y 175 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis potosí, así como de los artículos 1, 2, 4, fracción IV; 6 fracciones I y II; 7, 9 y 10, fracción XXVIII, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública. SEGUNDO. Procedibilidad y Oportunidad. Previo al estudio de fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de oportunidad y procedibilidad que debe reunir el presente medio de impugnación, los cuales están previstos en los artículos 166 y 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. La solicitud de información se presentó el seis de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que el plazo para que el sujeto obligado emitiera una respuesta se integró por los días ocho, once, doce, trece, catorce, quince, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, sin que fueran hábiles el nueve, diez, diecisiete y diecisiete del mismo mes y año por corresponde a sábados y domingos. El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles previsto en el artículo 166 de la Ley de Transparencia del Estado, toda vez que el término con que contaba el sujeto obligado para realizar la contestación a la solicitud de información, feneció el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete; por tanto, al ser presentado el recurso el nueve de enero de dos mil dieciocho, se advierte que lo interpuso al sexto día con que contaba para ello, ello conforme al calendario de esta Comisión, es decir, dentro del plazo reconocido por el numeral 166 de la Ley de Transparencia del Estado, por lo que se concluye que se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en el precepto legal citado. Asimismo, tras la revisión del escrito de interposición, se concluye que se acreditan de manera satisfactoria los extremos a que alude el artículo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. TERCERO. Estudio y análisis de fondo. Esta Comisión procede, con fundamento en el artículo 144, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al estudio de la inconformidad planteada por el hoy recurrente, en la que esencialmente expresó que la autoridad no dio contestación a su petición. Del análisis del planteamiento formulado por el recurrente, se advierte que resulta fundado, toda vez que, como se logra apreciar el sujeto obligado no dio contestación a la petición dentro del término que para ello le reconoce la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. De conformidad con el artículo 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, el sujeto obligado cuenta con un plazo ordinario de diez días hábiles para dar respuesta a las solicitudes de información que se presenten, el cual podrá ser ampliado cuando exista causa justificada para ello. La solicitud fue presentada ante el sujeto obligado el seis de diciembre de dos mil diecisiete, por lo que el plazo para que el sujeto obligado emitiera una respuesta se integró por los días ocho, once, doce, trece, catorce, quince, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, sin que fueran hábiles el nueve, diez, diecisiete y diecisiete del mismo mes y año por corresponde a sábados y domingos. Al quedar dilucidada la fecha de vencimiento de la solicitud, es necesario precisar que no existe constancia que acredite la emisión de una respuesta por parte del sujeto obligado, puesto que no existen constancias que acrediten la emisión de una contestación, por lo que no realizó alegaciones tendientes a acreditar o justificar su cumplimiento al numeral 154 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Es así que se concluye que el ente responsable, no dio contestación a la solicitud de información en cuestión, en el tiempo determinado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, al no mediar constancia que acredite el cumplimiento a la aludida disposición normativa es que, con fundamento en el artículo 164 de la Ley Local de la Materia, se configura contra la autoridad el Principio de Afirmativa Ficta y se le constriñe a emitir una contestación a favor del peticionario, la cual deberá tutelar de la manera más efectiva el derecho de acceso a la información pública. Ahora bien, al configurarse contra el sujeto obligado el principio de afirmativa ficta, es que se actualiza la fracción VI del artículo 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado; sin embargo, es necesario recalcar las siguientes precisiones: Hablar de afirmativa ficta es hacer referencia a la doctrina según la cual, el legislador le da un valor concreto y determinado a la inactividad, inercia o pasividad de la administración frente a la solicitud de un particular, que hace presumir la existencia de una decisión administrativa en sentido afirmativo. La conveniencia de incorporar la afirmativa ficta en casos en que los entes obligados no se pronuncien dentro del plazo legal, radica en que su actuación no es conformadora del contenido mismo del acto de respuesta, es decir, que no concurre de manera necesaria en la formación de la voluntad administrativa, sino que únicamente se ocupa de constatar su conformidad con el ordenamiento jurídico. Dicho de otra forma, el silencio de la autoridad se traduce, por disposición normativa en una decisión administrativa que reúne en si misma todas las condiciones necesarias para subsistir sin un pronunciamiento expreso que la dote de eficacia y obliga a la autoridad que la emitió por su inactividad a colmar los extremos en que dicha figura se modula. Los efectos de la aplicación de la afirmativa ficta, atento al contenido del artículo 164 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado, para el ente obligado son: 1. Que entregue de forma gratuita la información y en la modalidad en que le fue solicitada. 2. Que por el sólo hecho de no responder la solicitud de información se entiende en sentido positivo y éste se comprende de dos formas: a) Que posee la información b) La información es pública. Pese a lo anterior, los efectos de la afirmativa ficta en la presente materia se ven limitados bajo las siguientes excepciones: a) Cuando en términos de los dispuesto por los artículos 18 y 19 no exista obligación de generar, administrar o poseer la información solicitada. b) La información es clasificada en sus dos vertientes: confidencial y reservada. Por todo lo anterior, es que en materia de transparencia se debe entender la expresión “respuesta” desde un punto de vista amplio y garantista, lo que forzosamente implica que en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, la respuesta es el nexo entre el ente obligado y la solicitante para que ésta vea satisfecho un derecho, lo que conlleva a que es el medio que lleva al fin; en otras palabras, la respuesta documenta el cumplimiento al derecho a la información por lo que su ausencia implica forzosamente eludir el medio de comunicación que tiene el ciudadano para acceder a lo que requirió. No obstante, su emisión no garantiza la satisfacción del derecho tutelado por esta Comisión, pero la construcción normativa de la actual ley constriñe el entendimiento de la afirmativa ficta sólo como la ausencia del instrumento de interacción entre el ciudadano y los entes obligados, en términos del derecho a tutelar; consecuentemente, al estar previsto el aludido principio en nuestra legislación implica que en el medio de impugnación en el cual se determine su configuración se analicé si se colman los efectos de su aplicación, ya que de otra forma se dejaría en estado de inseguridad jurídica al solicitante, ya que no vería cumplidos los extremos del invocado principio, y a su vez, se entraría en conflicto con el contenido del artículo 8° de la Ley local. El aludido conflicto seria en virtud de que no se respetarían los principios de Certeza, Eficacia, Legalidad y Máxima Publicidad, los cuales interpretados armónicamente con el principio de afirmativa ficta implican que esta Comisión garantice el cumplimiento de sus efectos, porque de otra manera no se permitirá el acceso a la información de forma eficaz, ya que se establecerían impedimentos que obstaculizarían el ejercicio del derecho, y consecuentemente, que las resoluciones que emite esta Comisión no constriñan al respeto pronto de las prerrogativas del ciudadano; aunado a ello, al configurarse este principio no es posible sobreseer la presente causa pues esta Comisión está obligada a verificar que se actúa dentro del marco del principio de afirmativa ficta. Precisado lo anterior, es menester señalar que la autoridad, en sus manifestaciones, acompañó el oficio CM/011/2018, signado por el Director de Catastro Municipal, así como copia certificada del correo electrónico enviado al particular el seis de febrero de esta anualidad, por el cual se notificó la respuesta emitida de manera extemporánea. se estima deficiente la determinación de la autoridad, puesto que el sujeto obligado no justificó ni precisó de manera clara las consideraciones que lo llevaron a emitir su respuesta, pues no estableció los alcances ni los criterios en que se fijó la búsqueda exhaustiva, y tampoco explicó de manera razonada los argumentos que lo llevaron a determinar la inexistencia de la información. Resulta prudente invocar la tesis de jurisprudencia I.4o.A. J/43, emitida en la Novena Época por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción”. Al caso particular, la tesis invocada resulta aplicable en virtud de que la autoridad no explicó, ni justificó los alcances del análisis normativo que efectuó para efectos de llevar a cabo la búsqueda exhaustiva, puesto que de conformidad con los artículos 18 y 19 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, el ejercicio de las atribuciones, competencias y funciones de los sujetos obligados debe ser documentado, y además, si se refiere a la esfera de competencia del sujeto obligado, se presume que existe un medio documental que respalde y de constancia de la actuación de la autoridad; es por ello, que la autoridad, al momento de recibir una solicitud de información, debe efectuar un proceso de adecuación normativa, entendido como aquel razonamiento lógico jur Bitácora de registro y acuse Tabla de aplicabilidad 766D3AAEE795DA0D8625824A0056968C Creado el 03/08/2018 09:55:32 AM Carátula de registro 20DA4599041FBE768625824A00569D47 Autor cegaip slp Registro B6DC1A0C8E8FC4208625824A00577BA8 Tipo de documento 3 Hipervínculo