COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	
AREA	CUARTA VISITADURIA	
EXPEDIENTE	4VQU-0087/22		
OFICIO	4VPC-0001/23	
ASUNTO	PROPUESTA DE CONCILIACIÓN	
Matehuala , S.L.P. A 07 DE Diciembre  DE 2023	

 

PROPUESTA DE CONCILIACIÓN No. 4VPC-0001/2023

Matehuala, S. L. P., a 13 de diciembre de 2023

MAESTRO JOSÉ LUIS RUÍZ CONTRERAS 
FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

LIC. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA AMARO 
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

Distinguidos Fiscal General y Comisionado Ejecutivo:

1. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero, y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y en los artículos 3, 4, 7 fracción I, 26 fracción VII, 33 fracciones IV y XI, 137 y 140 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha examinado las evidencias contenidas en el Expediente de Queja 4VQU-0087/2022, sobre el caso de violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de V, en relación a la Dilación o retraso injustificado en la integración de los Expedientes de Investigación Penal, atribuible a los Agentes del Ministerio Público adscritos en la Delegación Segunda con sede en el municipio de Matehuala, S. L. P., encargados del trámite de la Carpeta de Investigación 1 y AR4, Asesor Jurídico de la Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, respectivamente.

I.  HECHOS

2. Con relación a los hechos V, manifestó su inconformidad en contra de  AR1, y AR4, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación de la Delegación Regional Segunda de la Fiscalía General del Estado y de la Asesor Jurídico de la Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, respectivamente, con sede en el municipio de Matehuala, S. L. P., toda vez que con fecha 14 de febrero de 2020, presentó denuncia penal en su agravio en contra de quien resulte responsable,  por la no devolución de su tarjeta de débito en la que le depositan la pensión y haber dispuesto de su dinero, es el caso que se ha estado presentando continuamente con AR4, para que la oriente sobre el seguimiento del asunto y en su caso de resultar necesario la acompañara ante el Agente del Ministerio Público, sin embargo no se han desahogado las diligencias por parte de AR1, toda vez que después en su denuncia, no ha habido avances procesales significativos. 

3. Para la investigación de la queja, se radicó el Expediente de Queja 4VQU-0087/2022, dentro del cual se recopilaron datos y documentos relacionados con los hechos, se solicitó información a la autoridad señalada como responsable, se entrevistó a la quejosa y se obtuvieron datos de las actuaciones contenidas en la Carpeta de Investigación 1, cuya valoración es objeto de análisis en el capítulo de Observaciones de la presente Propuesta de Conciliación.

II. EVIDENCIAS

4. Queja presentada mediante comparecencia por V, con fecha 16 de junio de 2022, en la que denunció presuntas violaciones a derechos humanos en su agravio, atribuidas a AR1 y AR4, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación de la Delegación Regional Segunda de la Fiscalía General del Estado y de la Asesor Jurídico de la Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, respectivamente.  

5. Copia de escrito de denuncia por el delito de Robo Equiparado levantada en agravio de V, en contra de quien resulte responsable con fecha 14 de febrero de 2020, ante el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Delegación Regional Segunda de la Fiscalía General del Estado.  

6. Oficio de informe FGE/D02/23849/07/2022, recibido el 24 de agosto de 2022, suscrito por AR1, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación en el que negó remitir copias autentificadas de la Carpeta de Investigación 1, por tratarse de información reservada y que quedaba a disposición para obtener la información necesaria.  

7. Oficio de informe CEEAV/UPC/DII-454/2022, recibido el 9 de septiembre de 2022, suscrito por AR4, en el que informó que la Carpeta de Investigación 1 se encuentra nombrada como asesor jurídico en fecha 17 de febrero de 2020, mediante oficio CEEAV/UPC/II/095/2020, señaló que dentro de los registros de la Carpeta de Investigación 1, obra oficio de investigación FGE/D02/4538/02/2020 de fecha 14 de febrero de 2020 dirigido al Subdirector de Métodos de Investigación Zona Altiplano para efecto de realizar investigación derivada de los hechos que denunció V y en atención a que no obra respuesta ha dicho oficio de investigación obra oficio recordatorio FGE/D02/23853/07/2022 de fecha 20 de julio de 2022, dirigido al Subdirector de Métodos de Investigación, Zona Altiplano, por lo que actualmente la carpeta de investigación y una vez que obre respuesta del oficio de investigación, se realizará el trámite conducente efecto de que la institución bancaria de información respecto a la cuenta bancaria de V, a su informe, anexo:

7.1. Oficio CEEAV/UPC/II/095/2020 de 17 de febrero de 2020, suscrito por V y AR4, dirigido a AR2, en el que se le notifica la designación de AR4 como asesor jurídico.

7.2 Formato de Cedula de registro de atenciones que ha recibido V, por parte de AR4, de la que se advierte lo siguiente: 

El 14 de febrero de 2020, personal de la Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata del Estado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entrevistó por primera ocasión a V, el 17 de febrero de 2020, AR4, brinda asesoría jurídica y se le explican sus derechos, el 3 de marzo de 2020, informa vía telefónica a V que aún no se rinde la investigación de la policía de investigación, el 17 de marzo de 2020, AR4 se entrevista con V para saber su cuenta con información y acuden ante el Agente del Ministerio Público para verificar la carpeta de investigación, el 16 de junio de 2020, V es atendida por AR4 para informarle que no hay respuesta del Agente del Ministerio Público, el 18 de agosto de 2020, AR4, informa a V que la Carpeta de Investigación aún se encuentra en trámite, el 21 de octubre de 2020, se informa a V que es necesaria la respuesta de la policía de investigación para solicitar avances de la investigación, el 19 de enero de 2021, se le informa a V el estado de la Carpeta de investigación 1, el 23 de marzo de 2021, es atendida V por AR4 para informarle que la Carpeta de Investigación 1, se encuentra en trámite y el 19 de mayo de 2021, se le informó a V que la policía de investigación no ha informado pero que aún se encuentra activa la investigación. 

8. Acta Circunstanciada de 20 de octubre de 2022, en la que se hizo constar la comparecencia de V con la finalidad de conocer el estado que guarda su asunto, por lo que una vez que se le dio a conocer el informe rendido por AR4, dijo estar de acuerdo en lo informado, no así de lo que informa AR1, toda vez que no refiere información relacionada con el avance procesal de la Carpeta de Investigación 1, iniciada en su agravio por el delito de Robo Equiparado.

9. Acta Circunstanciada de 17 de noviembre de 2022, en la que se hizo constar consulta realizada a la Carpeta de Investigación 1, el 16 de noviembre de 2022, con autorización de AR1, por lo que previa la autorización de la consulta, se observó lo siguiente: 

•	Entrevista del denunciante de fecha 14 de febrero de 2020, por el delito de Robo Equiparado en agravio de V, en contra de quien resulte responsable; 

•	Constancia de conocimiento de derechos de la víctima de 14 de febrero de 2020;

•	Constancia de Inicio y Derivación de fecha 14 de febrero de 2020;

•	Oficio de envío de la Unidad de Atención Temprana al Agente Fiscal Adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación de fecha 14 de febrero de 2020;

•	Oficio de Investigación dirigido a Dirección de Métodos de Investigación FGE/D02/4538/02/2020 de fecha 14 de febrero 2020, recibido en la misma fecha, suscrito por la Agente del Ministerio Público de Atención Temprana; 

•	Oficio FGE/D02/4532/02/20020 de fecha 14 de febrero de 2020, suscrito por la Agente del Ministerio Público de Atención Temprana, dirigido al Coordinador de la Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata;

•	Oficio CEEAV/UPC/II/095/2020, dirigido a AR2, recibido el 24 de febrero de 2020, en la que se designó a la víctima Asesor Jurídico;

•	Oficio FGE/DRII/0283/2022, suscrito por el Delegado Regional Segundo en el que remite solicitud de informe a AR1 a efecto de que dé contestación a la queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos;

•	Oficio FGE/D02/23853/07/2022, suscrito por AR1, en el que solicita al Subdirector Operativo de la Dirección General de Métodos de Investigación atento recordatorio para que rinda el informe solicitado el 14 de febrero 2020, otorgándosele el término de 72 horas, para tales efectos con el medio de apremio respectivo recibido el 20 de julio 2022; 

•	Oficio FGE/02/24695/07/2022, suscrito por AR1 en el que gira nuevo recordatorio a la Sudirección Operativa de Métodos de Investigación en el que solicita además que en el informe refiera el nombre del elemento encargado de la investigación a efecto de generar el apercibimiento enunciado por la Fracción Primera del artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 

•	FGE/D02/23849/07/2020, suscrito por AR1, en el que rinde informe a este Organismo;

10. Acta Circunstanciada de 6 de diciembre de 2022, en la que se hizo constar entrevista con V, con la finalidad de conocer el contenido del informe y de la consulta realizada en la Carpeta de Investigación 1, que se tramita en su agravio, se le hizo del conocimiento que es importante sea canalizada a la Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata del Estado para que AR4 haga el acompañamiento a la Representación Social y Subdirección de Métodos de Investigación a efecto de que se impulse la investigación, manifestó darse por enterada.

11. Oficio de Canalización 4VAOF-0280/2022 de 7 de diciembre de 2022, suscrito por esta Comisión estatal de Derechos Humanos, dirigido al Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que se le brinde el apoyo jurídico necesario a V.

12. Oficio de informe número 508/PDI/ZA/2023, recibido el 5 de abril de 2023, suscrito por el Encargado de la Subdirección Operativa, Zona Altiplano, de la Dirección General de Métodos de Investigación en el que informó que con fecha 28 de junio de 2022, se dio contestación al oficio 1566/PME/ZA/2022, dirigido al Agente Fiscal a la Unidad de Investigación y Litigación Delegación Segunda y recibido por este el día 28 de julio de 2022 en el que se hace del conocimiento que al iniciar con las investigaciones no se establece línea de investigación mediante la cual se establezca la identidad del o los autores del hecho delictivo, así mismo se indagó sobre testigos presenciales por lo que no fue posible la ubicación de testigos presenciales de los hechos que se investigan, toda vez que como lo refiera la víctima olvidó su tarjeta bancaria en un cajero automático propiedad de la institución bancaria.

13. Acta Circunstanciada de 19 de mayo de 2023, en la que se hizo constar que personal de este Organismo con fecha 16 de mayo de 2023, se entrevistó con AR3, con la finalidad de solicitar la consulta de la Carpeta de Investigación 1, iniciada en agravio de V, por lo que una vez que se consultó la referida Carpeta, se advirtió que no obra informe de la Dirección de Métodos de Investigación solicitada por el Agente del Ministerio Púbico, asimismo, consta Oficio recordatorio número FGE/D02/4287/02/2023 de 1 de febrero de 2023, suscrito por AR5, dirigido a la Subdirección Operativa de Métodos de investigación, oficio que fuera recibido el 2 de febrero de 2023, AR5 manifestó que analizaría el fondo del asunto para darle seguimiento. En el mismo acto, se entrevistó al Agente de la Dirección General del Métodos de Investigación, encargado de la investigación quien proporcionó copia del informe 1566/PME/ZA/22 de 28 de julio de 2022, en el que se observó, fue dirigido al Agente Fiscal Adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Delegación Segunda, suscrito por el Agente, encargado de la investigación de la Dirección General de Métodos de investigación.

15. Oficio 4VOF-0177/2023 de 29 de septiembre de 2023, mediante el cual se emite Vista a la Fiscal General del Estado, por la Dilación o retraso injustificado de la integración de la Carpeta de Investigación 1.

IV. OBSERVACIONES

16. Antes de entrar al estudio de las violaciones a Derechos Humanos, es importante señalar que la actuación de toda autoridad debe tener como objetivo principal el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, por lo que esta Comisión Estatal hace hincapié en la necesidad de que los servidores públicos cumplan con el deber que les exige el cargo público, que lo realicen con la debida diligencia en el marco de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

17. Cabe también señalar que a este Organismo Público Autónomo no le atañe la investigación de los delitos, sino indagar sobre las posibles violaciones a derechos humanos, analizar el desempeño de los servidores públicos con relación a la denuncia sobre cualquier transgresión a los mismos, tomando en cuenta el interés superior de la víctima, se repare el daño causado, se generen condiciones para la no repetición de hechos violatorios, velar para que las víctimas o sus familiares tengan un efectivo acceso a la justicia, y en su caso, se sancione a los responsables de las violaciones que se hayan cometido. 

18. En este contexto, atendiendo al interés superior de las víctimas del delito, y del abuso de poder reconocido en el derecho internacional de los Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 1, párrafos primero, segundo y tercero; 102, apartado B, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 3, 4, 5, y 6, y demás relativos de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, se emite la presente Propuesta de Conciliación favoreciendo en todo tiempo a la víctima la protección más amplia que en derecho proceda.

19. En tal sentido del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que integran el expediente de queja 4VQU-0087/2022, se encontraron elementos suficientes que permitieron acreditar violaciones a los derechos humanos a la Seguridad Jurídica en agravio de V, por actos atribuibles a AR1, AR2 AR3 y AR5, todos Agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad de Investigación y Litigación de la Delegación II de la Fiscalía General del Estado, con sede en el del municipio de Matehuala, S. L. P., y de AR4, asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, consistentes en Dilación en la Procuración de Justicia, al retrasar la práctica de diligencias para una efectiva investigación penal, en atención a las siguientes consideraciones:

A. Derecho a la Procuración de Justicia. Por dilación o retraso injustificado de la integración del expediente de investigación penal.

Por: Actos atribuidos a servidores públicos de la Unidad de investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado.

19. El 16 de junio de 2022, esta Comisión Estatal recibió la queja que presentó V, dentro de la cual señaló que en la misma fecha, fue víctima de un hecho que la ley señala como delito por lo que compareció ante la Representación Social a formalizar su denuncia penal por el delito de Robo Equiparado, por lo que se inició en la Unidad de Atención Temprana con sede en el municipio de Matehuala, la Carpeta de Investigación 1, por el delito ya referido, motivo por el cual se desahogaron y ordenaron las primeras diligencias sobre los hechos. 

20. De las constancias obtenidas de la Carpeta de Investigación 1, se evidenció que los Agentes del Ministerio Público encargados de integrar la Carpeta de Investigación de referencia, han omitido allegarse de otros datos de prueba y ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no, la existencia de los delitos y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión, lo anterior toda vez que en la Carpeta de Investigación 1, no obran diligencias que se hayan desahogado posteriores al 14 de septiembre de 2022. Por lo que se observa que se apartaron de lo establecido en el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que refiere que el Ministerio Público está obligado a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia.

21. Por lo anterior, en la Carpeta de Investigación 1, se evidenció qué después del 14 de septiembre de 2022, no se ha efectuado el seguimiento correspondiente para la obtención de datos que permitan continuar con la investigación o bien optar por la determinación de dictar archivo temporal. En consecuencia, existe dilación en la integración de la Carpeta de Investigación, lo que a su vez genera incertidumbre sobre la aplicación de la ley y el castigo hacia el probable responsable.

22. Por lo expuesto, las evidencias permiten advertir que los agentes del Ministerio Público encargados del trámite de la Carpeta de Investigación 1, omitieron realizar todas las diligencias correspondientes para la debida integración de la Carpeta de Investigación, y así procurar el acceso efectivo a la procuración de justicia, no obstante que tenían la obligación de conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales durante la investigación y ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia de los delitos y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.

23. Además de lo anterior, tanto el Ministerio Público y la Policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia con fundamento en el artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no obstante, han transcurrido más de 13 meses y la Representación Social ha omitido dar seguimiento a investigación, lo anterior se corrobora con la consulta de la Carpeta de Investigación 1.

24. De acuerdo a los elementos que recabó este Organismo, la actuación de los  Representantes Sociales que tuvieron a su cargo la Carpeta de Investigación 1, ponen en evidencia la falta de una investigación efectiva de los hechos denunciados, por lo que es fundamental que los procedimientos de investigación ante los órganos de procuración de justicia se hagan con eficiencia, a fin de que se otorgue certeza jurídica y respuesta adecuada a los planteamientos de acceso a la justicia, lo que no sucedió en el caso que nos ocupa.

25. Es pertinente señalar que, en un Estado de Derecho, la investigación sobre los hechos que se denuncian ante la autoridad ministerial debe ser efectiva, orientada hacia el esclarecimiento y la determinación de la verdad sobre lo ocurrido, teniendo presente que, para asegurar el derecho al acceso a la justicia, la investigación penal debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad, como en este asunto, en el que se vulneró el derecho a una investigación oportuna y eficaz.

B) AL DERECHO A LAS VICTIMAS.
Por: Omisión de Informar los Derechos Humanos que le corresponden en el procedimiento.
26. Los hechos indican que el 14 de febrero de 2022, V, presentó su denuncia ante el Agente del Ministerio Público relacionada por Robo Equiparado atribuible a la institución bancaria, iniciándose la Carpeta de Investigación 1, en la Unidad de Atención Temprana de la Delegación Regional Segunda de la Fiscalía General del Estado.

26. Es de señalarse que, de acuerdo a las investigaciones generadas dentro de la Carpeta de Investigación 1, el 14 de febrero de 2020, se acreditó que personal de la Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata del Estado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entrevistó por primera ocasión a V, el 17 de febrero de 2020, se le brindó asesoría jurídica y se le explican sus derechos, el 3 de marzo de 2020, se le informó vía telefónica que aún no se rinde la investigación de la policía de investigación, el 17 de marzo de 2020, AR4 se entrevistó con V para saber su cuenta con información y acuden ante el Agente del Ministerio Público para verificar la carpeta de investigación, el 16 de junio de 2020, es atendida V para informar que no hay respuesta del Agente del Ministerio Público, el 18 de agosto de 2020, AR4 le informó a V que la Carpeta de Investigación aún se encuentra en trámite, el 21 de octubre de 2020, AR4 informó a la víctima que es necesaria la respuesta de la policía de investigación para solicitar avances de la investigación, el 19 de enero de 2021, se informa el estado de la Carpeta de investigación a V, el 23 de marzo de 2021, V es atendida por AR4 para informarle que su Carpeta de Investigación se encuentra en trámite y el 19 de mayo de 2021, se le informó la V que la policía de investigación no ha informado pero que aún se encuentra activa la investigación. 

27. Cabe destacar que con fecha 17 de noviembre de 2022, se llevó a cabo consulta de la Carpeta de Investigación 1, sin embargo se advirtió la inexistencia de escrito o documento, suscrito por personal de la Unidad de Primer Contacto y Atención Inmediata del Estado de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y que con fecha 7 de diciembre de 2022, se formuló Oficio de canalización por esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, dirigido al Titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que se le brinde el apoyo jurídico necesario a V.

28. Por ello, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos hace hincapié que el derecho de las víctimas al derecho a la verdad constituye un acceso efectivo de justicia, sobre todo cuando se realiza un investigación efectiva, seria e imparcial, que permita conocer la verdad de lo ocurrido, lo que no ha sucedido en el caso de la víctima puesto que AR1, AR2, AR3 y AR5, que tuvieron a su cargo de la Carpeta de Investigación 1 no han realizado acciones tendientes a la investigación efectiva e inmediata para el agote de todas las líneas de investigación.

29. Es de resaltar que, estas acciones y omisiones contravienen el mandato del artículo 20, Apartado C, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho de las víctimas a recibir asesoría jurídica, a ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; así como coadyuvar con el Ministerio Público para que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes. Además de lo contenido en los artículos 129 y 173 de la Ley de atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, que disponen lo siguiente: 

DEL ASESOR JURÍDICO DE LAS VÍCTIMAS 
ARTÍCULO 129. 
Corresponde al Asesor Jurídico de las Víctimas:   
I.	Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, a la verdad a la justicia y a la reparación integral. Por lo que podrá contar para el correcto desempeño de su encargo, con el apoyo delos servicios de atención médica y psicológica, trabajo social y aquellas que considere necesarias para cumplir con el objetivo de esta fracción;
II. Brindar a la víctima información clara, accesible y oportuna sobre los derechos, garantías, mecanismos y procedimientos que reconoce esta Ley; 
III. Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la presente Ley;  
IV. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad;  
V. Formular denuncias o querellas, y  
VI. Representar a la víctima en todo procedimiento jurisdiccional o administrativo derivado de un hecho victimizante.  

ARTÍCULO 173. Se crea la figura del Asesor Jurídico de Atención a Víctimas el cual tendrá las funciones siguientes:  

I.- Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad;   
II. Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, para lo cual deberá realizar todas las acciones legales tendientes a su defensa, incluyendo las que correspondan en materia de derechos humanos tanto en el ámbito nacional como internacional;   
III. Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que requiera, sea esta en materia penal, civil, familiar, laboral y administrativa;   
IV. Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención y reparación integral, y en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas;   
V. Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que sean necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas, así como su plena recuperación;   
VI. Informar y asesorar a los familiares de la víctima o a las personas que ésta decida, sobre los servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal y demás derechos establecidos en esta Ley, en la Ley General, en los Tratados Internacionales y demás leyes aplicables;   
VII. Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente del caso;   
VIII. Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima, en caso de que ésta las requiera;   
IX. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando 
el Asesor Jurídico de las Víctimas considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio Público, y   

X. Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de las víctimas.  

30. Es pertinente señalar que, en un Estado de Derecho, la investigación sobre los hechos que se denuncian ante la autoridad ministerial debe ser efectiva, orientada hacia el esclarecimiento y la determinación de la verdad sobre lo ocurrido, teniendo presente que, para asegurar el derecho al acceso a la justicia, la investigación penal debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad, como en este asunto, en el que se vulneró el derecho a una investigación oportuna y eficaz

31. Por lo expuesto, esta Comisión considera que los servidores públicos señalados vulneraron los derechos humanos de V, a la legalidad y seguridad jurídica por dilación en la procuración de justicia y a ser informada de los Derechos Humanos que le corresponden en el procedimiento, ya que, al no realizar una efectiva investigación penal, y una oportuna determinación de la Carpeta de Investigación 1, se está dejando en estado de indefensión a la agraviada, quien tiene derecho a que se le administre justicia y se garantice la misma. 

32. Por todo lo anterior, los Agentes del Ministerio Público señalados, se apartaron de lo dispuesto en los artículos 2, 4, 5, 6, 18 y 22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí; 127, 128, 129, y 131 fracciones I, IV, XIII, y XXIII, 212 y 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales; que en términos generales disponen que los Agentes del Ministerio Público observarán los principios de unidad de actuación, legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

33. De acuerdo al conjunto de elementos que recabó este Organismo, la actuación por parte de los Agentes del Ministerio Público implicados en el capítulo de evidencias que tuvieron a su cargo la integración de la Carpeta de Investigación 1, ponen en evidencia la falta de una investigación efectiva de los hechos denunciados, así como retraso injustificado para acreditar el tipo y la probable responsabilidad, por lo que es fundamental que los procedimientos de investigación ante los órganos de procuración de justicia se hagan con eficiencia, a fin de que se otorgue certeza jurídica y respuesta adecuada a los planteamientos de acceso a la justicia, como en el caso que nos ocupa, y demostrar la probable responsabilidad.

34. Es de tener en consideración qué a la fecha, la Carpeta de Investigación 1, se encuentra en integración; sin embargo, no se advirtieron y tampoco la autoridad proporcionó datos que justifiquen la razón de ese retraso. En este caso, es pertinente señalar que, en un Estado de Derecho, la investigación sobre los hechos que se denuncian ante la autoridad ministerial debe ser efectiva, orientada hacia el esclarecimiento y la determinación de la verdad sobre lo ocurrido, teniendo presente que para asegurar el derecho al acceso a la justicia, la indagación penal debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad. 

35. Se considera que con las omisiones y retraso injustificado, los Agentes del Ministerio Público que tuvieron a su cargo la investigación de la Carpeta de Investigación 1, han vulnerado el derecho a la seguridad jurídica en agravio de V, sobre todo del derecho que tiene de conocer el resultado de la investigación que debe ser efectiva. Cabe enfatizar que la carencia de una investigación completa y seria sobre los hechos, constituye una fuente de incertidumbre y violación a los derechos humanos de la víctima.

36. Además de lo anterior, la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos constituye un elemento que debe observarse para hacer más amplia la protección a los derechos de las víctimas, extender el alcance de los mismos, y para formar parte de un diálogo entre Corte y organismos defensores de derechos humanos, lo cual se asienta en la protección más amplia y extensiva de los derechos en armonía con lo que establece el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

37. De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 239/2011, precisó que los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para el Estado mexicano, con independencia de que haya sido o no parte del litigio; que esa fuerza vinculante se desprende del artículo 1 constitucional ya que el principio pro persona obliga a resolver atendiendo a la interpretación más favorable a la persona.

38. Es de tener en consideración que el irregular trámite de la Carpeta de Investigación 1 y la falta de determinación oportuna, afecta el derecho humano al acceso a la justicia porque obstaculiza la procuración y la impartición de justicia, y a su vez, genera incertidumbre sobre la aplicación de la ley. 

En consecuencia, esta Comisión Estatal, respetuosamente se permite formular a Usted Fiscal General del Estado y Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las siguientes:

V. PROPUESTAS DE CONCILIACIÓN 

A USTED FISCAL GENERAL DEL ESTADO

PRIMERA. Para garantizar el acceso a la Reparación Integral del Daño de V, gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se practiquen las diligencias que sean necesarias e indispensables para integrar en debida forma la Carpeta de Investigación 1, sin descartar ninguna línea de investigación para que se determine conforme a lo que en derecho proceda, enviando a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.

SEGUNDA. Instruya al Visitador General de esa Fiscalía General del Estado, para que en ejercicio de sus atribuciones inicie una investigación de los hechos y en su oportunidad turne el asunto al Órgano de Control Interno, a fin de que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron haber incurrido AR1, AR2, AR3 y AR5, por los hechos

expuestos en la presente propuesta y se impulse lo contenido en la Vista generada a esa Fiscalía, remitiendo las constancias de cumplimiento.

A USTED COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

ÚNICA. Instruya a quien corresponda para vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de V en todas y cada una de las diligencias de la Carpeta de Investigación 1, llevadas a cabo por el Agente del Ministerio Público cuando así lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, cuando considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de V por parte del Agente del Ministerio Público, debiendo remitir a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.

Le comunico que el artículo 102 del Reglamento Interior de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, otorga a la autoridad a la que se envía la Propuesta de Conciliación de un plazo de 10 diez días naturales para responder por escrito sobre la aceptación o no de la Propuesta, mismos que se computan a partir del día siguiente de su notificación, y de un máximo de 60 sesenta días naturales para enviar las pruebas para su cumplimiento, estos últimos se contarán a partir de la aceptación de la misma; en caso de no contestarse la Propuesta en ningún sentido se entenderá como no aceptada y se procederá a elaborar la Recomendación correspondiente.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. EDGAR ROBERTO RUÍZ MATA 
CUARTO VISITADOR GENERAL 
DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

L’ERRM/L’TRV