PROPUESTA DE CONCILIACIÓN No. 05/2018

	  			San Luis Potosí, S.L.P., 31 de diciembre de 2018

LIC. ALFREDO VARGAS QUINTANILLA
DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN 
Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO
PRESENTE

Distinguido licenciado Vargas Quintanilla:

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 1º. párrafos primero, segundo y tercero y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, y en los artículos 3, 4, 7 fracción I, 26 fracción VII, 33 fracciones IV y XI, 137 y 140 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha examinado las evidencias contenidas en el expediente de queja 3VQU-196/2016 sobre el caso de violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de V1 a V10.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 fracción I, de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y 3, fracciones XVIII, XXXV y XXXVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, y con el propósito de proteger los nombres y datos de las personas involucradas en la presente Propuesta de Conciliación, se omitirá su publicidad. Esta información solamente se hará de su conocimiento a través de un listado anexo que describe el significado de las claves utilizadas, con el compromiso de que dicten las medidas de protección correspondientes, y visto los siguientes:

I.	HECHOS

3. Este Organismo Estatal inició la investigación por posibles violaciones a los derechos humanos de mujeres privadas de su libertad en el Centro de Reinserción de San Luis Potosí, en relación con la prestación del servicio de atención médica y a la falta de medicamentos en la sección femenil del citado Centro de Reclusión. 

4. De abril de 2016 a junio de 2017, este Organismo Autónomo recibió quejas de V1 a V10, así como un escrito signado por 13 internas en el Centro de Reinserción de San Luis Potosí quienes denunciaron la negativa de atención médica atribuibles a AR1 personal médico del turno matutino de la sección femenil, quien reiteradamente les negaba valoraciones médicas señalándoles que no tenía acceso a los expedientes clínicos y que eran pacientes del médico del turno vespertino.

5. Q1, Q2, Q3 y Q4 señalaron que posterior a su denuncia ya recibían atención médica y no desearon formalizar alguna queja, las demás reclusas firmantes del escrito de denuncia obtuvieron su libertad. Por su parte, V4 señaló que el 13 de mayo de 2016 empezó con dolor de garganta y cabeza, que al no haber médico se esperó hasta el lunes y AR1 no la atendió. V5 manifestó que el trato preferente en la atención médica lo consideraba discriminatorio porque el servicio no era prestado en condiciones de igualdad a todas las reclusas.

6. V7 señaló que a causa de una cesárea requería de revisión y limpieza de su herida, que le solicitó atención médica a AR1; sin embargo, no fue atendida, días después presentó temperaturas altas y el pediatra le detectó una infección. V8 denunció que el 15 de junio de 2016, se le realizó una prueba de embarazo, que 2 días después comenzó con sangrado y dolor abdominal por lo que AR1 le inyectó anticonceptivos, y el 5 de julio de ese año le notificaron que estaba embarazada, el 6 de julio se le realizó ultrasonido abdominal no encontrando saco gestacional ni embrión, con sangrado transvaginal escaso oscuro no activo por lo solicitó la investigación de los hechos por no haberle informado de su embarazo así como de las causas del aborto.

7. Finalmente V9 y V10 en sus hechos de queja denunciaron la falta de medicamento,   las   víctimas   señalaron  que  aún  y  cuando este era prescrito por personal del Hospital Central y de Psiquiatría del Centro de Reinserción, AR1 les indicaba que al no ser medicamento que ella recetaba no podía atenderlas.
Para la investigación de la queja, este Organismo Estatal radicó el expediente 1VQU-3VQU-196/2016, dentro del cual se recopilaron datos y documentos relacionados con los hechos, se solicitó información a la autoridad señalada como responsable, cuya valoración es objeto de análisis, en el capítulo de Consideraciones de la presente Propuesta de Conciliación. 
II.EVIDENCIAS

1. Escrito de queja presentada por Q1, Q2, V1, V2, y 9 reclusas de las cuales 6 obtuvieron su libertad en el trascurso de la investigación, por el cual denunciaron a este Organismo que AR1, personal médico del turno matutino de la sección femenil del Centro de Reinserción de San Luis Potosí, les negaba la atención médica.

2. Escrito de Q3, de 6 de abril de 2016, en el que señaló que AR1, personal médico del turno matutino de la sección femenil del Centro de Reinserción les negaba atención médica al decirle que no tenía nada o que solo era una gastroenteritis y que ella no sabía las indicaciones del médico del turno vespertino.

3. Escrito de V3, de 16 de mayo de 2016, en la que presentó queja en contra de AR1, personal médico del turno matutino, quien les negó la atención médica al referir que son pacientes atendidas por personal médico del turno vespertino, por lo que al requerir de valoración por la mañana no son atendidas aun cuando la requieren por presentar malestares, que AR1 sólo atiende a las internas con quien se lleva bien.

4. Escrito de V4, sin fecha, en el que señaló que AR1, personal médico del área femenil del Centro de Reinserción de San Luis Potosí, le niega la atención médica porque su expediente clínico está con la médica de la tarde y no la atiende cuando se sienten mal. Que AR1 en una ocasión le dijo que su dolor era porque tenía amibas o estaba embarazada.

5. Acta circunstanciada de 16 de mayo de 2016, en la que personal de este Organismo hace constar que se constituyó en el Centro de Reinserción de San Luis Potosí, entrevistándose con Q3, quien manifestó que el 13 de mayo de 2016, a las 11:00 horas inició con dolor de estómago y nauseas por lo que solicitó atención médica a AR1, quien se encontraba en su consultorio que al no atenderla se retiró a los veinte minutos; sin embargo a las 13:00 horas comenzó con vómito y escalofríos por lo que tomó una pastilla para las náuseas que le fue compartida por una de sus compañeras interna, que tuvo que esperar hasta las 17:30 horas para ser atendida por la médico del turno vespertino.

6. Acta circunstanciada de 16 de mayo de 2016, en la que personal de este Organismo hace constar que se constituyó en el Centro de Reinserción de San Luis Potosí, entrevistándose con V4, quien manifestó que el 13 de mayo aproximadamente a las 13:00 horas comenzó a sentir escalofríos, dolor de cabeza y de garganta, al no mejorar, 2 días después agudizo dolor y presentó tos, que como no hubo médico en esos días al ser fin de semana, por lo que hasta ese día se anotó para ser atendida por AR1, lo cual no ocurrió.

7. Escrito de V5, de 19 de 16 de mayo de 2016, en el que señaló que considera que el trato de AR1, es discriminatorio al no atender a quien lo requiere.

8. Escrito de Q4, de 16 de mayo de 2016, en el que denunció que AR1, médico del Centro de Reinserción no las quiere atender solo porque la médica del turno vespertino ya las atiende, que tampoco surte medicamento que ella no haya prescrito, que se molesta cuando van a surtir medicamento del carnet, que considera que AR1 solo atiende a las reclusas que le caen bien.

9. Escrito de V6, sin fecha, quien señaló que cuando se ha sentido con malestares de gripa, AR1 le indica que espere a ser valorada por la médica de la tarde.

10. Escrito de V7, en el que formuló queja en contra de AR1, personal médico del turno matutino en el Centro de Reinserción de San Luis Potosí, al señalar que hace 

dos meses había tenido una cesárea, que presentó fiebres altas, que la doctora sólo le indicaba que iba bien la cicatrización sin hacerle ninguna curación aún cuando tenía indicación médica. Que el médico pediatra se percató que su herida estaba infectada por lo que tuvo que ser internada por 15 días, que por este antecedente opta por no pedirle consulta porque es muy grosera y le hace gestos de desagrado al momento de atenderla.

11. Oficio No. SJ-7146/2016, de 16 de junio de 2016, signado por el Director del Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, a través del cual informó que en relación a los hechos de la queja presentada por la población femenil informó lo siguiente:

11.1 Que la Subdirección médica no tiene conocimiento de los hechos que relatan las internas, ya que de manera cotidiana se brinda consulta general abierta para la población de la sección femenil, sin que hubiese alguna queja por la atención.

11.2 Que el horario asignado para las actividades que desempeña AR1, es de 08:00 a 14:30 de lunes a viernes.

11.3 Que para control y consulta existe un diario en el que se registran las pacientes que son atendidas durante los diferentes turnos, asentándose nombre y firma de médico tratante.

11.4 Que la población interna femenil puede acudir en el horario según sus necesidades debido al padecimiento que presente y con cualquiera de los médicos que brindan atención, por lo que no existen limitaciones como lo señalan las internas.

11.5 Registro de atención médica de octubre y noviembre de 2015, de la atención brindada por AR1, en la que se destaca atención médica a reclusos de la sección varonil.

12. Acta circunstanciada de 7 de Julio de 2016, en la que personal de este Organismo hace constar entrevista con V8 quien manifestó que, a principios de junio de ese año en la clínica de la sección femenil del Centro de Reinserción de San Luis Potosí, fue valorada por AR1 ya que presentaba un dolor en el abdomen, además de náuseas y un retraso menstrual, a lo que le indicó que era por los riñones y que las náuseas se debían a una ansiedad y le recetó medicamento. Que el 15 de junio se le realizaron los estudios de laboratorio para solicitar la visita familiar e íntima. El 17 de junio de 2016, acudió con AR1 porque presentaba sangrado, quien le refirió que era por su periodo menstrual por lo que le inyectó un medicamento anticonceptivo para seguir con los requisitos para la autorización de la visita íntima.

12.1 El 5 de julio de 2016, V8 acudió con AR1 doctora de la sección femenil porque sufrió una picadura de araña, que la doctora al revisar su expediente le dijo que estaba embarazada, que se encontraban los estudios de laboratorio que lo confirmaban, a quien le informó que se le había recetado medicamento para los riñones y anticonceptivos, por lo que dio la indicación de que fuera atendida por un ginecólogo, quien a revisarla le dijo que había tenido un aborto y se tenía que realizar un legrado.

13. Acta circunstanciada de 20 de julio de 2016, en la que personal de este Organismo se hace constar entrevista con V8, quien manifestó que el 15 de julio de 2016, aproximadamente a las 08:00 horas fue externada al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” donde le fue realizado un ultrasonido y exámenes de laboratorio.

14. Oficio 238/AML/2016, de 26 de julio de 2016, suscrito por el Jefe del Departamento de Asesoría Médico Legal del Hospital Central en el que con relación a los hechos de la queja de V8, adjuntó:

14.1 Triage de urgencias obstétricas de 6 de julio de 2016, en el que se asentó que V8  acudió  a  consulta  por  sangrado transvaginal  de  2 semanas de evolución con 

dolor abdominal intenso de 24 horas, con nauseas, vómito y dolor en mamas, con diagnóstico probable de embarazo temprano y se solicitó ultrasonido el cual fue reprogramado porque los resultados no eran claros.

14.2 Nota médica de 15 de julio de 2016, suscrito por personal médico del hospital Central en el que señaló que V8 acudió a revaloración por probable amenaza de aborto, asintomática, en ultrasonido útero vacío.

15. Acta circunstanciada de 3 de agosto de 2016, en la que personal de este Organismo hace constar entrevista con V8, quien manifestó que el 27 de julio de 2016, se le informó que de acuerdo a los resultados sí había tenido un aborto porque la hormona del embarazo había bajado a 84 de 200 que tenía, que estos hechos los informó al Juez de Control.

16. Oficio SJ-8361/2016 del 5 de agosto de 2016, firmado por el Director del Centro de Reinserción de San Luis Potosí, quien con relación a los hechos de la queja adjunto Memorándum de 20 de julio de 2016, signado por el Encargado de las Subdirección Médica, en el que informó lo siguiente:

16.1 Que el 17 de junio de 2016, V8 refirió estar menstruando y acudió para aplicación de anticonceptivo hormonal mensual inyectable para trámite de visita conyugal.

16.2 Que el 5 de julio de 2016, se reportó prueba inmunológica del embarazo positivo del 15 de junio del 2016, V8 refirió que a los 2 días se le aplicó anticonceptivo hormonal IM, tratamiento: se solicitó un nuevo PIE en sangre urgente y valoración ginecológica. Pronóstico reservado. 

16.3 Que el 6 de julio de 2016, V8 refirió dolor en la espalda baja, negó disuria y sangrado transvaginal, tratamiento descartar infección de vías urinarias y referencia a ginecología, se realizó ultrasonido abdominal no encontrando saco gestacional ni embrión y al tacto vaginal se encontró cérvix cerrado y sangrado transvaginal escaso  oscuro  no  activo, diagnóstico  probable  aborto incompleto vs amenaza de 

aborto por lo que se envía al Hospital Central para valoración, reposo absoluto, examen general de orina, perlas de progesterona 200 mg. 

16.4 Que el 8 de julio de 2016, V8 presentó sangrado al orinar en pequeñas cantidades, e indica que se avise cualquier eventualidad a clínica para valoración inmediata. El 10 de julio no hay presencia de sangrado, que la víctima no ha respetado el reposo absoluto, por lo que se le insiste en ello con plan de revaloración por ginecología y obstetricia, así como continuar con reposo. 

16.5 Que el 13 de julio de 2016, se diagnosticó a V8 con aborto incompleto, acudió por suplementación, tratamiento Fumarato ferroso, una tableta durante 24 horas, ácido fólico 1 tableta cada 24 horas. 

16.6 Que conforme al diagnóstico del médico tratante el 6 de julio de 2016, se envía al servicio de urgencias del Hospital Ignacio Morones Prieto por amenaza de aborto vs aborto evolución, diagnóstico de egreso probable embarazo intrauterino temprano, tratamiento reposo, pronóstico se reserva a evolución. El 15 de julio de 2016 acudió nuevamente al servicio de ginecología del Hospital Central con el diagnóstico ingreso de probable aborto completo y el diagnóstico de egreso el mismo. 

17. Copias certificadas de las constancias médicas que integraron el expediente clínico de V8, del índice de registro de la Subdirección Médica del Centro de Reinserción de San Luis Potosí, de cuyas constancias se destacan:

17.1 Ficha de ingreso de 24 de mayo de 2016, que elaboró personal médico de la Subdirección Médica del Centro Estatal de Reinserción Social de San Luis Potosí, en la que se asentó que V8, ingresó con aparente estado de salud sano, apta para realizar todo tipo de actividad física de acuerdo a su edad.

17.2 Nota médica de 2 de junio de 2016, por la cual personal médico asentó que V8 refirió  nauseas  desde  hace tres días,  a la exploración física se encontró tranquila, 

consiente, orientada, abdomen plano, blando, no doloroso a la palpación, miembros superiores e inferiores íntegros y simétricos, con diagnóstico ilegible, tratamiento de rodovit tabletas y meclison en caso de nausea, además de solicitar interconsulta por psicología. 

17.3 Nota médica de 10 de junio de 2016, en la que médico asentó que V8 acudió por presentar dolor abdominal tipo cólico, cefalea, abdomen plano, doloroso a la palpación en puntos superiores y medios, diagnóstico de IVU (infección en vías urinarias) macrofurin 100 mg por 4 días y biomesina compuesta por dos días.

17.4 Resultados de laboratorio de análisis clínicos de 15 de junio de 2016, en el que química del Centro de Salud 1, de esta ciudad reportó que la prueba inmunológica de embarazo en sangre resultó positiva.

17.5 Nota médica de 17 de junio de 2016, en la que AR1 anotó que V8 refirió estar menstruando para aplicación de hormonas mensual inyectable para tramite de visita conyugal los días 17 de cada mes.

17.6 Nota médica de 5 de julio de 2016, en la que médico asentó que se reportó prueba inmunológica de embarazo el 15 de junio de ese año, quien refirió que a los dos días se le aplicó por la mañana hormona, pero a los tres días inició sangrado transvaginal mínimo, por lo que solicitó nueva prueba de embarazo en sangre y valoración ginecológica.

17.7 Nota médica de 6 de julio de 2016, suscrita por ginecólogo del Centro de Reinserción en el que anotó que V8 refirió dolor en la espalda baja, lado izquierdo y sangrado al orinar, negó sangrado transvaginal.

17.8 Hoja de referencia de 6 de julio de 2016, signada por personal médico del Centro de Reinserción en el que envió a V8 al servicio de urgencias del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” por probable amenaza de aborto o aborto en evolución.

17.9 Nota médica de 6 y 15 de julio de 2016, en la que se asentó que V8 presentó probable diagnóstico de aborto incompleto y/o amenaza de aborto.

17.10 Nota médica de 8 de julio de 2016, en la que personal médico asentó que V8 continuaba en reposo absoluto quien refirió presencia de sangrado al orinar y en muy poca cantidad.

17.11 Escrito de personal médico de 29 de julio de 2016, por el cual solicitó al encargado de la Subdirección Jurídica del Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, la realización de estudios de laboratorio y gabinete para descartar la presencia de alguna patología abdominal de V8. 

18. Queja que presentó V9, de 15 de agosto de 2016, en la que denunció presuntas violaciones a sus derechos humanos, atribuibles a AR1 personal médico del Centro de Reinserción de San Luis Potosí, por la negativa de proporcionarle medicamento psiquiátrico de acuerdo a las indicaciones del personal médico.

19. Acta Circunstanciada de 16 de agosto de 2016, en la que personal de este Organismo asentó entrevista con V10, mujer recluida en el área femenil del Centro Preventivo y de Reinserción Social de San Luis Potosí, quien manifestó que AR1, médica de ese Centro, no le proporcionó medicamento prescrito por personal del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

20. Acta circunstanciada de 31 de agosto de 2016, en la que se hace constar entrevista con V9, quien manifestó que AR1 le informó que no le podía surtir medicamento que ella no recetaba, aun y cuando fuera prescrito por diverso médico ya que consideraba que no lo necesitaba.

21. Acta circunstanciada de 31 de agosto de 2016, en la que personal de este Organismo hace constar entrevista con 	V10, quien manifestó que el 30 de agosto de ese año, acudió al consultorio médico para solicitar medicamento de diclofenaco ya que estaba prescrito hasta que se le practicara cirugía plástica; sin embargo, AR1, le cerró la puerta.

22. Oficio SJ-10750/2016, de 7 de octubre de 2016, suscrito por el Director del Centro de Reinserción de San Luis Potosí, en el que con relación a los hechos de la queja de V10, informó que el 28 de septiembre de ese año, obtuvo su libertad. A su informe adjuntó:

22.1 Memorándum SM-833/2016, de 6 de octubre de 2016, suscrito por el encargado de la subdirección médica de ese Centro, en el que informó que V10 había sido atendida en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” por dolor importante en glúteos, quien es tratada con una tableta de diclofenaco cada 12 horas, que no había registro de una negativa de atención médica. 

22.2 Expediente clínico de V10, que se integró en el Centro de Reinserción de San Luis Potosí, en el que destaca que el 4 de agosto de 2015 fue atendida por médico del Centro de Reinserción quien ordenó estudios de laboratorios, los cuales fueron agregados por AR1, el 20 de agosto de 2015. 

23. Oficio No. SJ-10753/16, de 10 de octubre de 2016, suscrito por el Director del Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, quien con relación a los hechos de a queja de V9, anexó:

23.1 Memorándum de 7 de octubre de 2016, por el cual el Encargado de la Subdirección Médica del Centro de Reinserción de San Luis Potosí, informó que V9, presentó un problema de mala circulación, por lo que el 6 de septiembre de 2016, se le recetaron 20 tabletas daflon 500 mg una cada 12 horas y 8 tabletas de paracetamol 1 cada 8 horas, las cuales fueron surtidas.

24. Copia del expediente clínico de V9 que se integra en el Centro de Reinserción de San Luis Potosí, de cuyas constancias se destacan: Ficha de ingreso de 7 de diciembre de 2014, en la que el médico de guardia hace constar que V9, ingresó en buenas condiciones de salud. Resultados de laboratorios de análisis clínicos de 18 de marzo de 2016, de estudios realizados a V9. Nota medica de clasificación, de 6 de  septiembre  de  2016,  en  la que AR1, médica del Centro de Reinserción anotó 

que V9 es paciente hipertensa controlada, además de presentar trastorno depresivo mayor y gastritis. Nota médica de 27 de septiembre de 2016, signada por AR1, médica del Centro de Reinserción, en la que consta registró que V9 acudió para valoración por instrucción del encargado de la Subdirección médica de ese Centro, que la víctima refirió que ya había sido valorada por diverso médico quien le recetó “Daflon”; sin embargo, en el expediente no se encontró nota médica. A la valoración se encontró hipertensión no controlada, obesidad, estreñimiento, insuficiencia venosa a descartar por imagenología.

25. Acta circunstanciada de 12 de octubre de 2016, en la que se hace constar que personal de este Organismo se constituyó en el Centro de Reinserción de San Luis Potosí, entrevistándose con V9, quien manifestó que su queja era en contra de AR1, médico del área femenil puesto que desde que ingresó a ese Centro padece de la presión alta, que desde entonces se anotaba en la lista para recibir atención médica pero AR1 no la atendía, por lo que recurrió con la médico del turno vespertino, lo que molestó a AR1, quien le dijo que no le iba a dar el medicamento.

26. Escrito de 16 de noviembre de 2016, suscrito por V9, quien denunció que cada vez que se anota para consulta médica para ser atendida por AR1, le informan que mejor hable a derechos humanos porque la médica no la atenderá. Que por cuestiones de salud solicitaba la autorización para practicar deporte fuera de los horarios establecidos por ese Centro de Reinserción.

27. Acta circunstanciada de 23 de noviembre de 2016, en la que se hace constar que personal de este Organismo se constituyó en el Centro de Reinserción de San Luis Potosí, entrevistándose con V9, quien manifestó que presentaba dolor de garganta, pero AR1 no quería atenderla. Se documentó que el encargado de la Subdirección Médica y el Director del Centro de Reinserción se presentaron a la sección femenil y pidieron que personal de este Organismo los acompañara al área de clínica donde el encargado del área médica dialogo con AR1, y posteriormente informó a personal de este Organismo que V9 sería atendida por otro médico.

28. Oficio 051/CPM/2016, de 19 de diciembre de 2016, signado por el titular del Colegio de la Profesión Médica del Estado de San Luis Potosí, quien hizo una valoración médica relativa a la atención médica brindada a V8, quien concluyó:

28.1 La atención médica que recibió V8 por el personal médico del Centro de Reinserción fue deficiente en: diagnóstico se realizó de forma tardía 20 días después de haberse efectuado prueba sérica y aún con uso de anticoncepción hormonal inyectable mensual el aborto incompleto se caracteriza por condiciones cervicales diferentes a las descritas en el expediente. Pronóstico: si consideramos que las dos terceras partes del aborto espontaneo tiene origen cromosómico esto no alteraría en forma sustancial. Tratamiento: Fue realizado y confirmado por los médicos del hospital central con la exploración física y auxiliares de laboratorio y ultrasonido hicieron diagnóstico de aborto que solo requirió manejo conservador. 

29. Acta circunstanciada de 17 de mayo de 2017, en la que se hace constar que personal de este Organismo se constituyó en el Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, entrevistándose con V6, quien manifestó que AR1, no la atendía aunque se anotara en la lista, que debido a las quejas presentadas comenzó a atenderla, sin embargo el 9 de mayo de 2017, acudió con AR1 a solicitar un certificado médico, a lo que le dijo que no podía realizarlo puesto que por indicaciones del Subdirector Médico no tiene acceso a los expedientes clínicos y no cuenta con formatos de certificados, por lo que ratificó su escrito de queja.

30. Acta circunstanciada de 17 de mayo de 2017, en la que se hace constar comparecencia de Q1, Q2, Q3 y Q4, quienes manifestaron que no ratificaban su queja porque ya estaban siendo atendidas por AR1.

31. Acta Circunstanciada de 17 de mayo de 2017, en la que se hace constar comparecencia de V2, interna en el Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, quien manifestó que ratificaba su escrito de queja en contra de AR1, médico de la sección femenil, quien no quería atender a las internas y les gritaba, por lo que 

	

solicitaba prosiguiera la investigación además de referir que la médico no ha realizado un diagnóstico de su padecimiento, puesto que solo le ha dicho que tiene una infección en las vías urinarias, cuando tiene malestar en la espalda.

32. Acta circunstanciada de 12 de junio de 2017, en la que se hace constar que personal de este Organismo se constituyó en el Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, documentando que la atención médica es una problemática en la sección femenil, que inclusive el Subdirector médico realizó un rol de guardias a los médicos, no obstante, AR1 no se incorporó y ningún otro médico podía ingresar porque la médico se encuentra en ese lugar, que se detectan recetas sin notas en expediente clínico, que no hay medicamento adecuado aunque se realicen las revisiones. Que el procedimiento para las consultas es pasar lista por la mañana para que las internas se anoten.

33. Entrevistas anónimas realizadas a diez internas, de 12 de junio de 2017, entre las que destaca que todas tienen autorizadas visitas conyugales, cuatro reclusas señalan que les han dado platicas de salud sexual reproductiva cuando hay campañas, cinco refieren que personal le informa de los métodos anticonceptivos y sus efectos, solo tres de ellas firmaron un consentimiento informado sobre el uso de anticonceptivos.

34. Oficio 03629 de 10 de mayo de 2018, suscrito por la Jefa de Jurisdicción Sanitaria 1, de Servicios de Salud del Estado, quien con relación a la queja presentada por V8, informó que, de acuerdo a su Manual de Organización de Laboratorio de Análisis Clínicos, las muestras de laboratorio recibidas del Centro de Reinserción y entregadas por personal son en un horario de 07:00 a 10:00 horas, con sus respectivas ordenes médicas, y los resultados son entregados de 11:30 a 13:00 horas al día siguiente. Que en relación a la atención de V8, se recibió muestra de laboratorio el 15 de junio de 2016.

35. Oficio 3941 de 5 de junio de 2018, signado por la Jefa de Jurisdicción Sanitaria 

1, de Servicios de Salud del Estado, en el que adjuntó resultados de análisis de V8, así como de la solicitud de 13 de junio de 2016 realizada por personal médico del Centro de Reinserción de San Luis Potosí.

36. Acta circunstanciada de 3 de agosto de 2018, en la que personal de este Organismo  hace  constar  que  con relación a las víctimas señaladas en la presente Propuesta de Conciliación V2, V5, V6, V8, Q1, Q2 y Q4 continúan recluidas en el Centro de Reinserción de San Luis Potosí, donde existe una población femenil de 55 reclusas en las que se encuentran las víctimas.

II.	CONSIDERACIONES

Antes de entrar al estudio de las violaciones a Derechos Humanos, esta Comisión Estatal precisa que es importante señalar que la actuación de toda autoridad debe tener como objetivo principal el respeto, protección y garantía de los derechos humanos, por lo que este Organismo Estatal hace hincapié en la necesidad de que los servidores públicos cumplan con el deber que les exige el cargo público, que lo realicen con la debida diligencia en el marco de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos.

En este contexto, del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de queja 3VQU-196/16, se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar que en el presente caso se vulneraron los derechos humanos a la protección de la salud de las mujeres privadas de su libertad por parte de AR1 personal médico así como de la autoridad penitenciaria que tiene a su cargo la administración del Centro de Reinserción  Social de San Luis Potosí, por la omisión de proporcionar atención médica general, así como la falta de medicamento y la inadecuada integración de los expedientes clínicos.

La Comisión Estatal recabó información para investigar la denuncia recibida por 23 

reclusas del Centro de Reinserción Social  de San Luis Potosí y se recabó queja de V1 a V10, así como de Q1, Q2, Q3 y Q4, se llevaron a cabo inspecciones, visitas y entrevistas, se recibió información de la autoridad. Además, se entrevistó a otras 10 reclusas respecto de la prevención de salud en temas de salud reproductiva, elementos de convicción que fueron valorados en su conjunto y que, concatenados entre sí, permiten observar que se vulneraron los derechos humanos de las víctimas. 

Las evidencias indican que durante los años de 2016 y 2017, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó 14 casos de vulneraciones a derechos humanos de internas recluidas en el Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, quienes de manera individual denunciaron que no habían recibido atención médica por parte de AR1, personal médico, quienes son identificadas de V1 a V10, Q1, Q2, Q3 y Q4 las otras reclusas que presentaron su escrito obtuvieron su libertad durante el trámite de investigación; sin embargo se recibió su denuncia por la negativa de atención médica.

De las quejas recibidas se documentó que V1, V2 y V3 manifestaron mediante escrito de 16 de mayo de 2016, que AR1 médico del turno matutino de la sección femenil les había negado la atención médica, en el caso de V4 precisó que cuando acudía con la médico le indicaba que su dolor era a causa de amibas o talvez estaba embarazada sin brindarle una adecuada valoración, que el 13 de mayo de ese año comenzó con síntomas de dolor de cabeza, escalofríos y garganta, que al ser fin de semana tuvo que esperar hasta el lunes para anotarse en la lista y  ser atendida por AR1, sin embargo no sucedió.

A estas quejas se sumó lo manifestado por V5, quien señaló que se sentía discriminada por no recibir atención médica y que el trato brindado por la médica no era el adecuado. Por su parte V7, manifestó que no recibió por parte de AR1 una revisión de la curación de su herida de cesárea lo que provocó una infección que fue detectada por el ginecólogo. En el caso de V8, señaló que el 15 de junio de 2016, se le realizó un estudio de laboratorio para saber si estaba embarazada, esto con  motivo del trámite de su visita conyugal, que dos días después comenzó con 

sangrado por lo que AR1 le inyectó medicamento anticonceptivo y fue hasta el 5 de julio que le fue notificado que se encontraban anexados en el expediente clínico los resultados de laboratorio que indicaban embarazo, por lo que al llevar días con sangrado, se realizó ultrasonido no detectándose producto, fue atendida en el hospital Central donde se confirmó útero vacío y se diagnosticó aborto completo.

Por lo que respecta a V9, relató que el 15 de agosto de 2016, se le negaba su medicamento psiquiátrico por falta de suministro del Centro de Reinserción, además señaló que padecía de hipertensión pero que al acudir con AR1 médico le indicó que no necesitaba ese medicamento por lo que no era proporcionado. V10, manifestó que, derivado de una valoración por personal del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, se encontraba en espera de cirugía de glúteos por presentar aceite, que el único medicamento prescrito fue diclofenaco para el dolor, sin embargo, no le fue brindado en el Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, que cuando acudía al consultorio de AR1, le cerraba la puerta.

Las víctimas identificadas de V1 a V10, fueron coincidentes en sus hechos de queja al señalar a AR1,  quien no les proporcionaba atención médica cuando era necesaria, sin que existiera ninguna otra circunstancia para que se les pudiera negar el servicio médico puesto que en el Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí se cuenta con personal médico adscrito a la sección femenil para atender las necesidades de atención de salud, lo cual debe ser realizado en condiciones de igualdad y de forma oportuna para seguimiento de tratamiento o detección de enfermedades propias de las mujeres en situación de reclusión.

En el primer informe rendido mediante oficio No. SJ-7146/2016, de 16 de junio de 2016, el Director del Centro de Reinserción de San Luis Potosí, informó que con relación a los hechos de las quejas de las internas, la Subdirección Médica no tenía conocimiento puesto que de manera cotidiana se brinda consulta general para toda la población femenil, que AR1 personal médico se encontraba  laborando de 08:00 a 14:30 horas de lunes a viernes, que para control y consulta las pacientes se registran y son atendidas durante los turnos, que la población femenil sin distinción puede acudir en el horario según las necesidades debido al padecimiento que presente y con cualquiera de los médicos que brindan atención médica.

No obstante, este Organismo advirtió que no se atendía a las reclusas aún y cuando siguieran el procedimiento de solicitud, que además existía deficiencia en la integración de los expedientes clínicos lo cual es necesario porque estos deben estar integrados y estar al alcance de todo el personal médico para que en caso de ser requerido sea consultado y se brinde una atención de calidad.

Ahora bien, de las constancias que acompañó el Director del Centro de Reinserción de San Luis Potosí, se destaca el registro de la atención médica brindada en los meses de octubre y noviembre de 2015, en la que se observó que AR1 brindaba atención médica preferentemente a reclusos de la sección varonil, lo cual es contrario al mismo informe descrito por la autoridad en la que señaló que AR1 estaba asignada para brindar atención médica a las reclusas y que inclusive no tenía registro de alguna queja.

Cabe destacarse que, a partir de la información rendida en el primer informe de autoridad, este Organismo continuó integrando las quejas presentadas por V6, V7, V8, V9 y V10, documentándose que en el caso específico de V7, tuvo que ser atendida por médico pediatra quien detectó una infección en la herida quirúrgica motivo de una cesárea.

En el informe rendido mediante oficio 238/AML/2016, de 26 de julio de 2016, el Jefe de Departamento de Asesoría Legal del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”, informó que el 6 de julio de ese año V1 fue referida del Centro de Reinserción Social por presentar sangrado de dos semanas de evolución y dolor abdominal intenso de 24 horas. 

Al respecto, a través del oficio SJ-8361/2016 del 5 de agosto de 2016, la autoridad del Centro de Reinserción de San Luis Potosí, informó que el 5 de julio se reportó prueba de embarazo positivo de V8, la cual había sido realizada desde el 15 de junio de 2016 cuando acudió a solicitar iniciar los trámites de autorización para su visita íntima, con lo cual se evidencia una falta de diligencia en la integración de los expedientes clínicos y manejo de información oportuna a las mujeres en reclusión como lo fue el caso de V8, que con independencia del resultado del diagnóstico de 

aborto espontaneo, al no saber sobre la condición de su embarazo durante cerca de tres semanas no llevó un control con independencia de las condiciones que puedan presentarse en las primeras semanas del embarazo.

En este caso se requirió de opinión técnica del Colegio de la Profesión Médica en el que se concluyó que la atención del personal médico del Centro de Reinserción de San Luis Potosí fue deficiente en diagnostico porque este se realizó tardíamente 20 días después de aplicarse la prueba, que aún y con el uso de anticoncepción inyectable el aborto incompleto se caracteriza por condiciones diferentes descrita en el expediente, por lo que como pronóstico señaló que si consideran que las dos terceras partes del aborto espontaneo tiene origen cromosómico esto no alteraría en forma sustancial su resultado. Que el tratamiento fue realizado y confirmado por los médicos del Hospital Central con la exploración física y auxiliares de laboratorio y ultrasonido en el que se diagnosticó aborto que solo requirió manejo conservador, es decir ninguna intervención quirúrgica o riesgo para la salud de V8.

Las evidencias también indican que la negativa de proporcionar atención médica no sólo era para las internas que acudían por primera vez, sino aquellas que aun siendo diagnosticadas por personal del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” como en el caso de V9 y V10.

Además, se destaca que, mediante Memorándum de 7 de octubre de 2016, el encargado de la Subdirección Médica del Centro de Reinserción informó que V9 presentaba un problema de mala circulación que desde el 6 de septiembre contaba con medicamento. No obstante del expediente clínico que se integró en el Centro de Reinserción se destaca que el 6 de septiembre solamente se realizó una nota medica de clasificación en la que se señaló que es paciente hipertensa controlada además de presentar trastorno depresivo mayor y gastritis, que la nota médica de valoración por parte de AR1, fue de 27 de septiembre de 2016, en la que asentó que V9 acudió por instrucción del encargado de la Subdirección Médica quien había sido atendida anteriormente sin que contara nota médica en el expediente, que la víctima presentaba hipertensión no controlada, obesidad, estreñimiento y probable insuficiencia venosa.

Cabe resaltarse, que se evidenció que V9 no había sido atendida desde agosto de 2015, que la primera valoración no estaba asentada en nota médica, que aún cuando fue valorada con hipertensión controlada el 6 de septiembre de 2016, se reportó días después descontrol de hipertensión. El 23 de noviembre de 2016, personal de este Organismo se constituyó en el Centro de Reinserción porque AR1 no atendía a V9 aun cuando seguía el procedimiento de solicitud, a lo que el Director y encargado de la Subdirección Médica después de dialogar con AR1, se informó a personal de este Organismo que la interna sería valorada por diverso médico, con lo que se acreditó que la atención médica no era proporcionada.

De esta manera, se corroboró la negativa de que V9 fuera atendida por AR1, sin que se informara el motivo o antecedentes de esa circunstancia, por lo que para que se garantizara el acceso a la salud de la reclusa era necesario que personal de Dirección o de la Subdirección médica interviniera, siendo que el derecho al disfrute del estado de salud debe ser garantizado para las reclusas en condiciones de igualdad.

Es así que, personal de este Organismo el 12 de junio de 2017 recabó información en la que se documentó que la atención médica es una problemática en la sección femenil, que por parte de la Subdirección Médica se realizó un rol de guardias, no obstante, AR1 no se incorporó y ningún otro médico podía entrar a la sección femenil porque ella se encontraba en ese lugar, que se detectaban recetas sin notas en expediente clínico.

Además, se realizaron entrevistas a diez reclusas que tienen visita íntima, quienes manifestaron que no se les da a firmar un consentimiento informado sobre el uso de anticonceptivos y sus efectos, solo cuatro reclusas señalaron que solamente en campañas de salud se les da pláticas de salud sexual reproductiva.

Por lo expuesto, es de considerase que actualmente hay 55 mujeres en situación de reclusión en el Centro Preventivo de San Luis Potosí, entre ellas a V2, V5, V6, V8, Q1, Q2, Q3 y Q4 a quienes no debe limitarse su derecho a recibir atención médica,  es decir, desde  una  dimensión  de disponibilidad, calidad, aceptabilidad y 

accesibilidad, la autoridad debe garantizar el derecho a la salud sin importar su condición de reclusas, como lo establece la Observación General  sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de Salud, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, que establece que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de otros derechos, y que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir con dignidad.

En este aspecto es importante señalar, que las necesidades de contar con personal suficiente que brinde atención a la salud de las personas de la sección femenil del Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí era del conocimiento del entonces Director General de Prevención y Reinserción Social de San Luis Potosí, por lo que con el pronunciamiento de la presente Propuesta de Conciliación se realiza con el fin de que la Dirección General realice acciones que permitan garantizar los derechos de las mujeres en situación de reclusión, que se les brinde el acceso a la salud, al suministro de medicamentos, a contar con los expedientes debidamente integrados, a seguir los tratamientos suscritos por médicos externos de las instituciones de salud, todo ello necesario para garantizar la no repetición de estos actos.

Las mujeres en reclusión tienen el derecho inalienable de acceder a la atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario, sin discriminación de ninguna especie, por lo que las autoridades penitenciarias deben tomar las medidas necesarias para garantizar el acceso a la protección a la salud que requiera la población penitenciaria femenil, además de que el personal médico debe dar seguimiento a los padecimientos de enfermedades que requieran de atención continua y monitoreo.

Es importante destacar que la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la atención médica, implica la generación de medidas encaminadas a satisfacer las necesidades específicas de las personas privadas de su libertad que por esa condición se consideran en situación de vulnerabilidad, es decir, el derecho a la salud  implica  una  adecuada atención así como el acceso  a  la  información sobre 

cuestiones relacionadas con la salud, suministro de medicamento y un resguardo y registro de las notas médicas que se origen con motivo de cada valoración médica.

Por lo antes expuesto, la Comisión Estatal considera que la autoridad penitenciaria incumple lo dispuesto en los artículos 22.2, 24 y 25.1, de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; 24, del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; X, de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas; 6, del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y la Observación General Número 14, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, los cuales señalan que las personas privadas de su libertad tienen derecho a la salud, que incluye la atención médica adecuada, examinarlas a su ingreso y a menudo como sea necesario, para determinar la existencia de una enfermedad física o mental y tomar las medidas necesarias, visitar a los reclusos enfermos, que el servicio médico de las cárceles debe estar provisto del material, del instrumental y medicamentos necesarios para proporcionar cuidados y tratamientos adecuados.

Se vulneró el derecho a la protección de la salud en agravio de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 y V10 población femenil del Centro de Reinserción de San Luis Potosí, que se contempla en los artículos 4, párrafo cuarto y 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracciones I, II y V; 3, fracciones II y IV; 23, 27, fracciones III, IV y X; 32, 33, 51, 61, fracciones I y II; 61 Bis y 63 de la Ley General de Salud; que garantizan, en términos de igualdad el acceso efectivo a los servicios de salud, y que la base del sistema penitenciario se organizara sobre la base del respeto a los derechos humanos así como a la salud, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad.

De igual manera, se omitió cumplir lo dispuesto por los artículos 5 inciso A fracciones I y II, 289 de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, 56, 58, 59, 60, 62, 64 y 65 Capítulo Tercero del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de Atención Médica, 5, 20 fracción X, 87, 88 y 95 del Reglamento Interior de los Centros Estatales de Reclusión, que cada Centro 

deberá de velar por la salud física y permanente de la población penitenciaria, la cual prestara con oportunidad y eficiencia, que se deberán realizar campañas de medicina preventiva, además que se organizara, contralara, supervisara y proveerá el abasto de medicamentos.

Asimismo, se inobservó lo previsto en los numerales 6.1, y 24.1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 4.1, 11.1 y 19, de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; I, VII y XI, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 3, 25.1 y 25.2, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12.1 y 12.2, incisos a) y d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 10.1, 10.2, incisos a), b), y f) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que señalan la necesidad de asegurar la plena efectividad y alcance del más alto nivel de salud para todos los individuos, especialmente de las mujeres como también el margen mínimo de calidad en los servicios médicos que el Estado debe proporcionar a su población, en cuanto al disfrute de un servicio médico y, de adoptar las medidas necesarias para su plena efectividad.

Por tanto, debe ser motivo de investigación administrativa para deslindar las responsabilidades administrativas en las que pudieron haberse incurrido por parte de AR1 por la negativa de atención médica así como del Centro de Reinserción de San Luis Potosí por la falta de previsión de no contar con personal capacitado con el perfil profesional adecuado que atienda a la población penitenciaria, de acuerdo a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos en el tema de mujeres, por la inadecuada integración de expedientes clínicos y falta de suministro de medicamento.

Por lo que respecta al pago de la reparación del daño, el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero, y 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 7, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, señalan la posibilidad de que al acreditarse  una  violación  a  los derechos humanos atribuible a un servidor público 

estatal, formule una Propuesta de Conciliación que incluya las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación del daño. 

En el presente caso, ante la recurrente negativa de la atención médica como medida de no repetición se deberá garantizar el acceso a la salud en condiciones de igualdad a toda la población femenil, aún y cuando solo continúan recluidas V2, V5, V6, V8, Q1, Q2 y Q4.

En el mismo sentido, pero en términos de los artículos 1, 2, fracción I, 7, fracciones II, VI, VII; 8, 26, 27, 64, fracciones II y VII; 96, 106, 110; 111, 126, fracción VIII; 130, 131 y 152 de la Ley General de Víctimas, así como de los artículos 62, 64 fracción II, y 102 de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, al acreditarse violaciones a los derechos humanos en agravio de V1 a V10 se deberá inscribir a las víctimas en el Registro Estatal a cargo de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 

En concordancia con ello y con el propósito de evitar que hechos como los analizados en el presente caso se repitan, es necesario que las autoridades impulsen la capacitación a sus servidores públicos orientada hacia el correcto ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos, en materia de protección a la salud, enfatizando en la prestación del servicio de la profesión médica en condiciones de igualdad y no discriminación.

En consecuencia, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos se permite formular respetuosamente a Usted Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, las siguientes:

IV.	PROPUESTA DE CONCILIACIÓN

PRIMERA. Para garantizar a V1 a V10 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda para que colabore con este Organismo en la inscripción del 

mismo, en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de acuerdo al mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la presente Propuesta de Conciliación, se le otorgue atención psicológica especializada y en su caso, previo agote de los procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que le beneficie en su condición de víctima. Se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEGUNDA. Realice las gestiones necesarias ante quien corresponda para que, en el área médica de la Sección Femenil del Centro de Reinserción Social de San Luis Potosí, cuente con más personal médico capacitado y con un perfil adecuado para brindar el servicio de salud en condiciones de igualdad y no discriminación, y en su oportunidad remita las constancias de su cumplimiento. 

TERCERA. Realice las gestiones que corresponda para que el Centro de Reinserción  Social de San Luis Potosí, cuente con medicamento suficiente y equipo necesario que se requiera para la atención médica de primer nivel conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-0005-SSA3-2010 que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento para la atención médica de pacientes ambulatorios, y en su informe su cumplimiento.

CUARTA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de la Secretaria de Seguridad Pública a su digno cargo, investigue de manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas para el debido inicio y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que se inicie, con motivo de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir servidores públicos involucrados. Debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance.

QUINTA. Realice programas de atención a las mujeres en situación de reclusión en relación al derecho a la salud en el que se incluyan acciones preventivas en las enfermedades propias de la mujer y en el tema de salud sexual y reproductiva, donde les informen de los efectos y alcances de los métodos anticonceptivos, y se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEXTA. Realice programas de capacitación, profesionalización y sensibilización dirigidos al personal médico del Centro de Reinserción de San Luis Potosí orientada hacia el correcto ejercicio del servicio y el respeto de los derechos humanos, en materia de protección a la salud con énfasis a la prestación en condiciones de igualdad y no discriminación, y se envíen a esta Comisión Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Le comunico que el artículo 102 del Reglamento de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, otorga a la autoridad a la que se envía la Propuesta de Conciliación un plazo de 10 días hábiles para responder por escrito la aceptación de la Propuesta a partir del día siguiente de su notificación, y de un máximo de 60 días naturales para enviar las pruebas del cumplimiento, estos últimos se contarán a partir de la aceptación de la misma; en caso de no contestarse la Propuesta en ningún sentido se entenderá como no aceptada y se procederá a elaborar la Recomendación correspondiente. 

ATENTAMENTE

LIC. SUSANA ZAVALA FLORES
TERCERA VISITADORA 

c.c.p. Comisario Jaime Ernesto Pineda Artega, Secretario de Seguridad Pública del Estado